El presente artículo es la primera parte de las conclusiones efectuadas en el marco del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación.
Carmen Aristegui periodista, JIménez Cacho actor, Raúl Trejo Delarbre Presidente de AMEDI
El Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación, convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y celebrado los días 5 y 6 de abril en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui, surgió de la imperiosa necesidad de dar voz y escuchar las propuestas ciudadanas en torno al actual sistema de medios de comunicación en México.
A diferencia de otras épocas, televidentes, radioescuchas, lectores, cibernautas, consumidores y usuarios han dejado de ser pasivos ante el torrente de información y de acciones de las empresas de comunicación que directamente les afectan. Estas audiencias han padecido los rezagos y abusos de los medios de comunicación, sin opción de dejar escuchar su voz o denuncias.
Tradicionalmente, en México los medios de comunicación han estado bajo el mandato de los intereses políticos de los gobernantes o de los imperativos económicos de sus dueños o anunciantes, pero nunca o muy pocas veces al servicio de los verdaderos intereses de la población, que se expresen en mejores contenidos informativos, educativos y de esparcimiento para elevar el nivel cultural y cívico de la población.
La concentración de la propiedad mediática, pero también la inexistencia de mecanismos y reglas claras de interlocución de los medios con el poder político y sus audiencias, han sido algunos de los principales factores que han propiciado la escasa diversidad y la, por lo general, deplorable calidad de los contenidos mediáticos que a diario sufrimos.
Por eso se convocó al Encuentro Nacional, para que sean los ciudadanos quienes planteen las propuestas que permitan modificar el actual sistema de comunicación y se modifiquen no sólo la legislación en la materia, sino también la concentrada estructura de medios, la calidad de los contenidos, las malas prácticas y, en general, los hábitos de consumo de quienes no tienen más remedio que tolerar la escasa oferta de contenidos audiovisuales y de servicios de telecomunicaciones.
Eduardo Grajales Coordinador Editorial UNIversa, Néstor García escritor, Patricia de los Santos periodista, Raúl Trejo Delarbre Presidente de AMEDI
A través de seis mesas de trabajo, el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación convocó a ciudadanos de 18 estados de la República, quienes enviaron 119 ponencias con las más diversas problemáticas y propuestas. Asimismo, se escucharon ocho ponencias magistrales de especialistas en la materia, en temas como calidad y diversidad en los medios (Néstor García Canclini), libertad y derecho a la información (Aleida Calleja), monopolios de comunicación (Alma Rosa Alva de la Selva), medios públicos y comunitarios (Felipe Vicencio Álvarez), derechos de las audiencias (Guillermo Orozco), medios de comunicación y desarrollo (Olga Bustos), comunicación política (José Woldenberg) y comunicación en línea (Alejandro Pisanty), además de las intervenciones de Beatriz Solís Leree y Aimée Vega Montiel, integrantes del Consejo Consultivo de la Amedi, Inti Muñoz, director General del Fideicomiso del Centro Histórico, el senador Carlos Sotelo García durante la inauguración y del diputado Javier Corral Jurado en la clausura del evento. Lo anterior sin contar las innumerables participaciones de los más de 887 asistentes que se registraron al Encuentro Nacional.
Esta relatoría es una síntesis muy apretada de esa enorme riqueza de planteamientos, contribuciones y propuestas. La Amedi dará a conocer próximamente una publicación más amplia que retomará conferencias, ponencias, problemas, planteamientos y soluciones de quienes se sumaron al Encuentro Nacional. Hemos condensado la participación de los conferenciantes, ponentes y asistentes en 33 grandes propuestas concretas:
Propuestas
1.Reforma legislativa.
La reforma legal para los medios de comunicación es de la mayor urgencia. El viernes 8 de abril se cumplió un año de la presentación, de manera simultánea en las cámaras de Diputados y Senadores, de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que fue promovida por varios partidos políticos y en cuya elaboración participaron miembros de la Amedi.
Esa iniciativa establece limitaciones al acaparamiento de medios de comunicación, instituye un organismo con atribuciones para regular los mercados y actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, reivindica derechos de usuarios y audiencias de los medios y garantiza el funcionamiento de los medios públicos. Allí se precisan reglas para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones y se asegura la plena convergencia tecnológica, así como sanciones más severas para quienes no cumplan con la ley y la regulación. La pluralidad en la radio y la televisión sería promovida con la licitación de más frecuencias y con espacios garantizados para la producción independiente. Además, se reconoce que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen un servicio público que debe ser garantizado por el Estado. La publicidad engañosa o los contenidos no aptos para los niños también encuentran regulación en esta iniciativa. Habría que incluir otras propuestas adicionales como la creación de Fondos de Cobertura Social para servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y desprotegidas.
Esa iniciativa constituye el proyecto más detallado que haya sido elaborado para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión. El aplazamiento en su dictaminación y análisis, incluso por parte de muchos de los diputados y senadores que suscribieron su presentación, resulta inaceptable. Únicamente el desinterés del Congreso de la Unión por estos temas y el cabildeo de las corporaciones mediáticas que no quieren una legislación que acabaría con el funcionamiento monocorde que ha caracterizado la comunicación en México, explican el abandono de esa y otras propuestas de reforma legal para los medios.
2.Política de Estado.
Es necesaria una política de Estado incluyente, transversal y suficientemente debatida entre todos los actores de la comunicación (gobierno, legisladores, empresas, operadores y sociedad) que rija el destino de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México. Es prioritario que los partidos y candidatos que aspiren a contender en la elección de 2012 incluyan entre sus plataformas programáticas y propuestas de campaña, políticas y acciones concretas para democratizar el actual sistema de medios. Cada vez es más ilegítimo que, por no molestar o por congraciarse con los concesionarios de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, los candidatos demoren o impidan reformas al régimen legal, fomenten o avalen contrarreformas, u omitan políticas de Estado necesarias y urgentes para el desarrollo del país.
3.Licitar más cadenas de televisión.
Existen todas las condiciones técnicas para que sean puestas a licitación las frecuencias que integrarían, por lo menos, dos nuevas cadenas nacionales de televisión. La inhibición del gobierno en ese asunto sólo se debe a la subordinación a Televisa y Televisión Azteca que abominan cualquier competencia en un mercado que han monopolizado indebidamente.
4.Nuevas opciones en televisión digital.
La televisión digital debe servir, antes que nada, para que haya más frecuencias disponibles y, de esa manera, opciones distintas a las que hasta ahora han tenido los televidentes de todo el país. Deben destrabarse los obstáculos legales y administrativos para el desarrollo de esa televisión. Las frecuencias que sean utilizables a partir del cambio digital deben ser para nuevos operadores, incluyendo instituciones culturales y grupos sociales interesados en incursionar en ese medio. Sería inadmisible que, con la mudanza digital, las televisoras que hoy en día acaparan las frecuencias comerciales tuvieran más canales.
5.Certidumbre para los medios públicos.
Los medios no comerciales tienen que ser entendidos como espacios de pluralidad, libertad, con independencia respecto de las instituciones oficiales y ser promotores de la democracia y la construcción de ciudadanía. Deben ser auténticos medios públicos y no espacios propagandísticos, para que cumplan a cabalidad con su función social. México requiere de un sistema nacional de televisión pública, que podría partir de la infraestructura de la cual dispone actualmente el Canal Once pero manejado con autonomía y con formas de retroalimentación con la sociedad. Para que los medios públicos cumplan nacional, regional y localmente las tareas que pueden desarrollar en beneficio de la calidad y la diversidad, es imprescindible que cuenten con pleno, suficiente y permanente respaldo financiero, pero sin necesidad de comercializar espacios con fines publicitarios. El patrocinio es una opción válida que debe definirse de manera clara en la legislación para que no se confunda con la publicidad. Por lo tanto, es prioritario legislar en materia de medios públicos para garantizar su certidumbre jurídica.
6.Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial.
Espacios de discusión y deliberación como los canales del Congreso y Judicial, así como opciones de televisión universitaria como TV UNAM, debieran tener una difusión abierta y nacional, para que los televidentes no tengan que pagar por recibir esas señales. Se trata de medios donde se debaten los grandes temas de interés nacional que afectan a todos los mexicanos, o bien de espacios universitarios donde se dan a conocer nuevos conocimientos o investigación científica que podría servir para solucionar los muchos y grandes rezagos que enfrenta el país. Sólo un Congreso reacio a atender las demandas ciudadanas puede darse el lujo de que los canales del Congreso y Judicial no sean conocidos por toda la población.
7.Tarifas bajas y obligaciones para operadores.
La interconexión entre las empresas de telefonía tiene que lograr la mejoría, no el encarecimiento de tales servicios. La autoridad está obligada a garantizar tarifas bajas en beneficio de los consumidores, las cuales redundarán en una mayor penetración y cobertura de estos servicios. También es necesario que a las telecomunicaciones no sólo se les vea como negocio, sino como una nueva oportunidad para abatir brechas sociales en temas prioritarios como educación, salud, seguridad y gobernanza. Para ello es necesario que la autoridad establezca y verifique obligaciones de inversión y cobertura, a fin de que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes, sobre todo los más desprotegidos.
8.Convergencia plena.
Resulta absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado. Todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de la televisión abierta; más aún, esa debe ser una obligación de los proveedores de televisión por cable, satélite o cualquier otra modalidad no abierta. En todos los sistemas de televisión de paga deben existir canales destinados a la difusión de contenidos audiovisuales creados por productores independientes.
9.Internet abierto, libre, rápido y barato. Los mexicanos tenemos derecho, en las mejores condiciones técnicas, a producir, recibir y distribuir contenidos digitales de toda índole. Ninguna política o legislación debe coartar el legítimo derecho de los usuarios de consumir productos culturales. El Estado tiene la obligación de garantizar auténticas conexiones de Internet de banda ancha a costos accesibles, a diferencia de las parsimoniosas velocidades por las cuales tenemos que pagar algunas de las tarifas de conexión a Internet más caras en el escenario internacional.
10.Una agenda digital. Concebir, diseñar, discutir y poner en práctica una agenda digital para conducir a México hacia la Sociedad de la Información. El acceso a Internet de banda ancha y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debieran traducirse en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, por cuanto estas tecnologías contribuyen a mejorar servicios públicos de salud, educación, seguridad y gobierno, además de proteger el medio ambiente.
